14 Dic No son cables, son derechos
No son cables, son derechos
Con los ojos abiertos (Artículo publicado en la verdad de Murcia)
Internet ha revolucionado nuestras vidas, el desarrollo de las telecomunicaciones ha sido clave para la globalización y la comunicación entre las personas de todas las partes del mundo, para las empresas, las exportaciones… Y España no puede quedar atrás después de todo lo avanzado en los últimos años gracias al plan Avanza. Después de dos años de espera ha llegado al Congreso de los Diputados la reforma de la Ley General de Telecomunicaciones de la que soy la ponente socialista. Una ley que tiene mucho contenido técnico pero que sus objetivos pueden estar muy presentes en la vida de la mayoría de la ciudadanía. El despliegue de redes es necesario para la mejora de la productividad y la internacionalización de nuestras empresas, para generar empleo, pero también tiene que garantizar la igualdad de oportunidades, la cohesión social y territorial, la defensa de los intereses generales sobre los particulares.
La ley presentada por el gobierno es insuficiente porque, a día de hoy, no garantiza el servicio público ni el acceso en igualdad de condiciones mínimas a las redes de alta velocidad. Esto es necesario para la cohesión territorial y social de la ciudadanía, independiente de que vivan en grandes ciudades o en pequeños pueblos, combatiendo la brecha digital que profundiza en las desigualdades sociales y económicas.
La ley es insuficiente porque nace anticuada, pues no recoge las recomendaciones que la propia Unión Europea está planteando a todos los países en asuntos como la protección de los usuarios, de la ciudadanía, o el modelo de competencia. Tampoco aprovecha todo el potencial de estas tecnologías para la creación de empleo ni favorecer la I+D+i. Además, incomprensiblemente, crea trabas al resto de administraciones públicas a la hora de que establezcan o impulsen redes en zonas poco rentables, en las que las teleoperadoras muy previsiblemente no invertirán. En conclusión, nos conduce hacia un modelo de país a dos velocidades en lugar de activar políticas públicas para conseguir lo contrario. Nos empuja hacia una España conectada, con mucha más capacidad de innovar, de crecer y desarrollarse, y otra España desconectada y con menos oportunidades en un mundo globalizado.
Este es el análisis de lo que plantea con este texto el gobierno de Rajoy, y por ello presentamos una enmienda a la totalidad, de forma constructiva, acompañada de una oferta sincera para alcanzar un consenso. Oferta de acuerdo que persigue aprobar una ley que aporte seguridad jurídica, ya que debe abarcar varias legislaturas, como ya ocurrió cuando gobernaba el PSOE y obtuvimos éxitos relevantes reconocidos hasta por la OCDE. Pero para que haya consenso el gobierno y el PP tienen que mover claramente sus posiciones, los temas expuestos son para nosotros irrenunciables.
Hemos presentado 120 enmiendas parciales que constituyen un proyecto alternativo a la ley, constructivo, ambicioso y realizable, se puede consultar en mi blog. Incluimos medidas para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la red con unas características mínimas para todo el territorio. Pedimos que se dote de competencias y medios adecuados a los organismos que tienen que velar por la competencia en este mercado, a fin de que repercuta en la bajada de precios y en la mejora de la calidad de los servicios, algo básico. Presentamos una propuesta potente para fortalecer la protección de usuarios y consumidores, con propuestas concretas como establecer indemnizaciones automáticas ante cortes en los servicios de la red y medidas contra el acoso comercial a través de llamadas molestas que casi todos hemos sufrido.
Y pretendemos garantizar los “ciberderechos” de la ciudadanía, básicos para reforzar el ecosistema de la economía y la sociedad digital. Concretamente garantizar el acceso para toda la ciudadanía y negocios de conexiones de 10 megabytes por segundo. Proponemos que, a fin de que la sanidad y la educación públicas mantengan las mayores cuotas de calidad e igualdad, todos los centros tengan un acceso garantizado de 30 Mbytes en el año 2015 y de 100 en el año 2020. Medidas para defender el derecho a la privacidad y al secreto en la comunicación de datos, o el derecho a la reparación y rectificación en el caso de publicación de delitos o actos de probada falsedad, así como también el reclamado derecho al olvido, transcurrido un tiempo respecto a aspectos específicos de la vida y el comportamiento de la ciudadanía.
Para el PSOE la nueva Ley de Telecomunicaciones es una herramienta clave para el desarrollo de las redes ultrarrápidas y la promoción de la economía digital, impulsando así el cambio de nuestro modelo de desarrollo, la creación de empleo de calidad y, en definitiva, superar la crisis de una forma sólida. De estas necesidades sabemos mucho en la región de Murcia. Históricamente hemos sufrido la discriminación en cuanto a vías de comunicación físicas, como carreteras o ferrocarril, y todo lo que nos ha supuesto. Ahora, tenemos que garantizar que nadie nos deje descolgados de las nuevas vías de comunicación.
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